Corrupción: daños colaterales

La corrupción tiene innumerables efectos negativos en una sociedad. Los más visibles son los económicos: no solo las coimas que se entregan a funcionarios corruptos representan una pérdida para el país. Hay además costos en ineficiencia al contratar empresas corruptoras y costos administrativos al favorecer procesos viciados. Sin embargo, la corrupción también tiene efectos dañinos y duraderos que no son tan visibles. Me refiero a los desincentivos que genera en el aparato burocrático actual y futuro, incluyendo perfiles técnicos y técnico-políticos.

Todo buen administrador sabe que la motivación de un empleado no depende exclusivamente del salario que recibe. Hay factores adicionales que motivan a ser productivo y comprometido con el trabajo: el ambiente laboral, el potencial de carrera, la estabilidad, las capacitaciones técnicas, entre otros. Expertos en cultura organizacional agrupan estos elementos en motivaciones objetivas y subjetivas. En el primer grupo hablamos de compensaciones económicas y beneficios materiales. En el segundo grupo están las motivaciones simbólicas que suelen ser más importantes a medida que los perfiles son más altos en jerarquía y profesionalismo. Por ejemplo, un ejecutivo de alto nivel es menos probable que se cambie a otra empresa solamente por el salario: él va a analizar con anticipación el prestigio, el liderazgo, la marca y la percepción pública de esa organización. Esto lo hace porque sabe que –a la larga– el prestigio del lugar de trabajo se contamina al prestigio del trabajador.

Al ubicar estos elementos en el contexto actual ecuatoriano encontramos un agravante. En los últimos 10 años el aparato burocrático ecuatoriano se racionalizó con la eliminación de la tercerización y la vigencia de la nueva Losep. La burocracia creció en alrededor de 90.000 servidores, llegando a una masa cercana al medio millón de trabajadores. No obstante, hubo una característica particular: aproximadamente el 40% de los nuevos burócratas son menores a 35 años. Según el INEC, el promedio de edad de los empleados públicos en Ecuador en el 2007 fue de 46 años, al 2014 esta cifra bajó a 41 años. Esto significa que la nueva burocracia ecuatoriana está más alerta a las condiciones laborales de su organización puesto que aún tiene tiempo de decidir si continuar con su carrera en el sector público. El burócrata joven, al observar que existen actos de corrupción, necesariamente va a pasar por la reflexión de cuan conveniente es continuar en ese camino institucional. Por supuesto, esto es igual de probable si el empleado trabaja en una empresa privada afectada por escándalos de corrupción. Sin embargo, la incidencia es menor porque la corrupción está más asociada hacia el manejo de fondos públicos.

El burócrata podría asimilar el mensaje de que la corrupción es un mecanismo válido de crecimiento profesional, podría interpretar que no está mal evadir ciertos procesos; puesto que a los que rompieron las reglas antes no les fue tan mal.

El burócrata se enfrenta entonces a un dilema. La primera opción es continuar su carrera y evitar ser parte de actos dolosos, poniéndose alerta para evaluar en qué momento es necesario poner los dos pies afuera. En este escenario, sin haber hecho nada, se genera incertidumbre, lo que afecta la productividad, el compromiso y el ambiente de trabajo. Aquí hay ya un costo social relevante y escondido. La segunda opción es aún más peligrosa y perjudicial para la sociedad. El burócrata podría asimilar el mensaje de que la corrupción es un mecanismo válido de crecimiento profesional, podría interpretar que no está mal evadir ciertos procesos; puesto que a los que rompieron las reglas antes no les fue tan mal. Aquí radica el mal peor: la naturalización de comportamientos antiéticos es la semilla de la corrupción estructural, un cáncer que es prácticamente imposible de extirpar.

El Gobierno debe erradicar urgente y visiblemente todo rastro de corrupción, no solo por sus efectos económicos sino por el impacto social que provoca tener una burocracia desmotivada. En los últimos 10 años se invirtieron ingentes recursos en contratar, capacitar y formar un aparato burocrático más moderno, dinámico y servicial. Si no se ataca rápidamente la corrupción y se hacen visibles los resultados, esa inversión corre peligro en su totalidad, con el agravante de que convencer a buenos perfiles costará, económica y simbólicamente, cada vez más.

(O)

 

Publicación Original:

https://www.eluniverso.com/opinion/2017/06/07/nota/6219229/corrupcion-danos-colaterales

Sobre los nuevos cambios del INEC en las categorías de empleo

Byron Villacis

El Instituto de Estadística de Ecuador (INEC) ha vuelto a realizar un cambio en las categorías de análisis del Mercado Laboral sin previa discusión ni aviso. En Octubre del 2014 eliminó la anteriores categorías de Ocupación Plena, Subempleados y Ocupados no Clasificados y las reemplazó por Empleo Adecuado, Empleo Inadecuado y Empleo no Clasificado. En ese cambio el Subempleo se redujo en considerable proporción al convertirse en una subcategoría del Empleo Inadecuado. En su momento realicé tres críticas a estas modificaciones: 1) las connotaciones de juicio de valor de palabras como “inadecuado” se deben evitar en estadística pública: confunden y hasta pueden generar problemas de interpretación de legalidad de empleo, 2) la ausencia de un marco teórico y de una discusión interinstitucional PREVIA para realizar ese cambio y, 3) el INEC argumentó que los cambios se realizaron porque la OIT los recomendaba, cosa que no aparecía explícitamente en ningún documento oficial internacional hasta antes de los cambios realizados. En ese momento dije que el INEC tarde o temprano tendría que cambiar esas denominaciones, pero que lo urgente era que lo haga en un proceso transparente y participativo.

A menos de dos años de ese cambio, los reportes de Marzo del 2016 y en especial de Junio del 2016 vuelven a presentar modificaciones sin previo aviso ni discusión. Aquí se resumen los cambios aparentes al comparar los reportes de Diciembre 2015 con Junio 2016. Desafortunadamente no hay un documento oficial que explique si hay más cambios, por qué los realizaron, con qué marco conceptual y si alguna institución intervino en la discusión.

  1. Desaparece, de las presentaciones y de las bases de datos, la categoría “Empleo Inadecuado”. A pesar de que los últimos documentos metodológicos disponibles siguen describiendo al Empleo Inadecuado como una categoría oficial, en los reportes de Marzo 2016 y Junio 2016 la categoría ha desaparecido. Se asume que decidieron unilateralmente disolver el indicador en las tres partes: 1) la tasa de Subempleo (que no son los Subempleados de la metodología previa a Octubre del 2014), 2) la “Tasa de Otro Empleo No Pleno” (que se asume es lo que antes se conocía como la tasa de “Otro Empleo Inadecuado”) y, 3) la Tasa de Empleo no Remunerado. Es decir, se elimina de los reportes el Empleo Inadecuado y se cambian las etiquetas de otras categorías.
  2. Se cambia la denominación de “Empleo Adecuado” por “Empleo Adecuado/Pleno”. Es decir se recupera en parte la denominación de antes del 2014 (Ocupado Pleno) pero manteniendo la palabra Empleo (a pesar de que los individuos incluidos en esta categoría trabajan pero no necesariamente por un salario, por ello era más idóneo llamarlos Ocupados, como estaba antes del cambio del 2014).
  3. Se promociona una nueva categoría: “Empleo Bruto”. La serie estadística de este indicador se empieza a presentar desde el último trimestre, a pesar de que no existe hasta la fecha un solo documento que explique de donde salió este indicador, bajo qué marco conceptual, con qué intención o bajo la discusión de que entidades[1].

Ud. Puede ver los cambios realizados aquí.

¿Qué consecuencias tienen estos cambios? 1) Dificultan la lectura de la evolución del mercado laboral, primero disolviendo la categoría original de Subempleados para luego convertirla en Inadecuados y para finalmente eliminar la categoría agregada. 2) Se crea una categoría sin referencia técnica, metodológica o académica o en el peor de los casos se usan indistintamente palabras como si significaran lo mismo y se las cambian informalmente, sin anuncios, sin discusión. 3) Obscurece la forma de evaluar la verdadera variable de interés del mercado laboral ecuatoriano: los subempleados. Ese debería ser el centro de atención de política publica. Y finalmente lo más grave: 4) Se cambian categorías, denominaciones de indicadores, bases de datos y reportes sin previo aviso ni discusión, con una informalidad riesgosa. No se sabe si el siguiente trimestre habrá un nuevo cambio, si estos se mantendrán o que motivará uno nuevo. Dificulta analizar el mercado laboral justo cuando más ayuda y nuevas ideas se necesitan: para entender lo que esta pasando y ayudar al país se necesita saber que sucede con su fuerza laboral; dos cambios en menos de dos años y sin justificaciones no colabora con la institucionalidad ni transparencia estadística del Ecuador[2].

 

[1] El INEC ha respondido oficialmente en su portal que este indicador se lo viene usando desde el año 2007 y además cita dos documentos donde dice que se puede encontrar las definiciones y tabulados. Luego de revisar detenidamente la respuesta se evidencia que el INEC esa confundiendo “Empleo Bruto” con “Tasa de OCUPACION Bruta”. Es decir, considera que la palabra “Ocupación” significa lo mismo que “Empleo”. Claramente esto es una consecuencia de no atender a la importancia de respetar etiquetas, denominaciones y sobre todo su concepto teórico. Son dos etiquetas distintas, que significan dos cosas distintas. Cuando el INEC introduce un nuevo indicador asumiendo que significan lo mismo confunde conceptos y por ende confunde al usuario. Apelo a la rigurosidad metodológica y me pregunto: ¿Qué tan sencillo seria cambiar las palabras de indicadores en Institutos donde la normativa se basa en conceptos? ¿Cómo el usuario sabe cuando el Instituto cambió una palabra y no quiso cambiar un concepto? ¿Cómo el usuario sabe cuando un concepto es distinto pero se mantiene la etiqueta o palabra? Para eso sirven las metodologías y para eso se exige que se respeten los detalles de las metodologías con rigor y disciplina: porque son elementos técnicos que se deben manejar con transparencia, no con informalidad. Por mínimo que sea el cambio que se decide realizar debe explicarse con ANTICIPACION y ARGUMENTACIÓN CONCEPTUAL. No son denominaciones o categorías que se las puede cambiar o manipular con informalidad porque son datos oficiales.

[2] El INEC ha respondido oficialmente que los cambios realizados son estéticos y de forma. Quisiera que los autoridades y técnicos del Instituto (que dicho sea de paso son excelentes personas) se pregunten en sus adentros si cambios como los realizados serian permitidos de ejecutar en otros institutos de la región y el mundo sin previo aviso. ¿Qué pasaría si de un día a otro se cambian los nombres de variables, las bases de datos y las presentaciones de las encuestas de empleo de por ejemplo el INSEE de Francia o el Labor Bureau de los EEUU? ¿Qué respondería un técnico —honestamente— si luego de modificar palabras, eliminar otras y cambiar bases de datos de una encuesta fundamental se le consulta si eso significa o no cambio de metodología? La respuesta la dejo para cada uno, con el honesto ánimo de pedir formalidad en el manejo de información sensible como la estadística pública, que nos pertenece a todos.